La mejor propuesta que podríamos apoyar en estos tiempos que corren, sería que los políticos se bajen el sueldo y sobre todo que dejen de abusar de los privilegios que tienen (legales y de tapadillo).
Las últimas soluciones del gobierno a la crisis han sido recortes sociales para los más desamparados, y la reforma del sistema de pensiones que incluye que tengamos que trabajar hasta los 67 años.
Además, según datos vertidos por el INE, en España está aumentando la productividad un 2%, mientras cada asalariado percibimos un 0,4 % menos de media. Por otro lado, suben los impuestos, de la luz ni hablamos, y aunque el precio del barril del petróleo está un 50% más barato que hace dos años, el precio de la gasolina hoy, es el doble de caro.
Bien, estamos perdiendo privilegios, todo por la patria. ¿Y ellos que están haciendo?
Se pueden jubilar después de 7 años de trabajo en sus cargos con derecho a la pensión máxima, mientras que cualquier hijo de vecino tiene que cotizar 35 años para tener una pensión que nos deje malvivir. Además, los ex altos cargos también cobran pensiones millonarias, totalmente compatibles con sus trabajos también millonarios.
El salario mínimo de un diputado es de 2.813,87 € al mes, pudiendo llegar con complementos, gastos de representación, manutención y otros muchos conceptos, a casi 14.000 €, con la gran suerte de además poderse ausentar del trabajo siempre que les venga en gana.
También inyectaron nuestro dinero a los bancos, que recuerdo haber leído cálculos que aseguraban que si ese dinero lo hubieran repartido entre todos los ciudadanos, hoy todos seríamos millonarios. ¿Qué mejor forma hubieran tenido si querían revitalizar el consumo?
Y a todos a los que esto no les parezca suficiente les recomiendo que lean el libro de Daniel Montero, “La Casta”, y subtitulado “El gran chollo de ser político en España”, que recoge información como la que mostramos a continuación:
– En total los sueldos de los políticos electos cuestan a los españoles cerca de 720 millones de euros al año. Un presupuesto anual superior al de toda la red ferroviaria española, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio histórico y sesenta veces más que lo que gasta el país en salud buco dental para jóvenes. Y eso siendo comedidos en los cálculos.
– No hay datos oficiales sobre el absentismo laboral de los parlamentarios, o no se han hecho públicos.
– No hay normativas específicas para regular los regalos que reciben los políticos por parte de empresarios, y de hecho
no hay intención de cambiar.
– La normativa prohíbe a los trabajadores españoles recibir dos pensiones públicas, independientemente de la administración que las conceda. Un caso muy cercano, no podía compatibilizar la viudedad y su minusvalía del 69 %. Pero esa norma no se aplica a los altos cargos de la clase política, ya que sus cobros sí pueden compatibilizarse.
– El control político de las cajas de ahorros es tan importante que las comunidades autónomas pueden vetar las fusiones simplemente por cuestiones territoriales y de interés político, en lugar de aplicar valores empresariales.
Es el momento de unirse a la recogida de firmas, y a la presentación de una Propuesta de Ley:
